El futuro de las pensiones públicas

La llegada al sistema de la generación del 'baby boom', la más numerosa y con largas carreras de cotización en el sistema de pensiones, queda patente mes a mes en los datos sobre jubilaciones que ofrece la Seguridad Social. La última estadística facilitada por el ministerio muestra que en los cuatro primeros meses del año la media de jubilaciones por día superó las mil por primera vez en la serie. Junto a esto, la prestación de las nuevas altas de jubilación superó en abril los 1.562 euros, 287 más que en el mismo mes de 2018.

La sostenibilidad financiera y la creciente carga demográfica son los principales problemas con el que se enfrenta el sistema público de reparto que venía articulándose desde el inicio de la creación de las pensiones de jubilación. El propio Pacto de Toledo, allá por 1995, ya vislumbraba los problemas que se cernían sobre nuestro sistema, y alertaban de las correcciones a realizar. La llamada 'solidaridad intergeneracional', que fue la base del sistema, se ha ido al traste al aumentar la esperanza de vida y al disminuir la tasa de natalidad que nos lleva a un mayor número de pensionistas y una menor proporción de trabajadores que cotizan, lo que genera un desequilibrio entre ingresos y gastos.

Si problemático viene siendo la regresión o bulbo de la pirámide poblacional, no lo es menos la situación laboral (económica) de los cotizantes actuales al sistema. Desde nuestro ingreso a la UE por el que se optó, o impusieron, una economía de servicios (turismo) a cambio de disminuir nuestra actividad industrial y del sector primario, se ha ido disminuyendo el valor de las rentas de los cotizantes. El sector industrial o de investigación tiene unos salarios que casi duplican a los del sector servicios y su precariedad laboral reduce las cotizaciones de los trabajadores, lo que a su vez disminuye los ingresos del sistema de pensiones y ello supone, por razones obvias, una reducción de recaudación en cuotas sociales. Decepcionante ha sido como España ha desaprovechado los casi trescientos mil millones de euros netos recibidos de la UE para haber cambiado su sistema productivo. Es necesario fomentar el empleo y mejorar la calidad del mismo para aumentar los ingresos por cotizaciones sociales.

En resumen, el sistema de pensiones públicas en España tiene retos importantes que requieren medidas urgentes y sostenibles para garantizar su viabilidad a largo plazo. El aumento de la edad de jubilación, el alargamiento de las carreras laborales con incentivos para ello, la protección de la salud en el trabajo que mejore la calidad del trabajo y aumente la esperanza de vida laboral, deben ir acompañadas de políticas de fomento de natalidad y reestructuración del sistema productivo que garanticen la sostenibilidad del sistema y protejan a los pensionistas del futuro.